De la izquierda gallega y su futuro

     Los resultados de las elecciones asturianas y andaluzas parecen indicar que el malestar de la sociedad con el Partido Socialista está disminuyendo. Los continuos ataques, llevados a cabo en menos de cien días por el Partido Popular, a los servicios públicos y a las clases medias han abierto los ojos de una población que camina entre el miedo y la incertidumbre, ya que el modelo de Estado del bienestar que conocían hasta ahora, y que está siendo salvajemente vapuleado, no será el mismo.
     Parece, esta vez sí, que la marea azul ha chocado contra un duro muro de piedra. Sin embargo, no debemos cantar victoria, al menos, aquí, en Galicia. La realidad política de la comunidad gallega ha derivado en una situación compleja en los últimos meses. La escisión de Bloque Nacionalista Galego y el frente abierto dentro del PSdeG parecen indicar que las próximas no serán unas elecciones tranquilas. Mientras la derecha permanece como siempre unida en su credo, la izquierda crítica se dispersa.
     Gran parte de sociedad gallega se siente desorientada, desalentada y no representada por las formaciones políticas de izquierda, que han de adaptarse a un nuevo escenario político, con nuevas herramientas de intervención política y participativa. Han de dejar la postura de filósofo para poder gestionar y transformar la realidad. El núcleo de su política tendría que ser el acompañamiento de la sociedad civil y la tutela del movimiento social.
     A su vez, la red debería convertirse en el principal vehículo para trasladar un discurso político sólido que haga mella en los grupos sociales y en las clases medias, usando como eje la defensa de los servicios públicos frente a la voraz privatización de la derecha. Pero los órganos están viejos, necesitamos nueva sangre para regenerar las células y crear un fuerte tejido. La renovación, la formación de grupos de base y la interlocución de ideas han de ser algunas de nuestras armas para acabar con la desafección que salpica a la política.
     Todo parece indicar que Pachi Vázquez será quien se enfrente a un Núñez Feijóo debilitado. La nefasta gestión del líder popular ha pasado factura y a pesar de que pierde votos a medida que pasan los días, la división en la izquierda puede prolongar su reinado. Es cierto que la escisión del BNG jugará en nuestra contra a corto plazo, pues formaciones como Encontro Irmandiño, Máis Galiza o Acción Galega nada quieren saber de un partido tutelado como el de Guillerme Vázquez. Pero la izquierda saldría reforzada a largo plazo de una supuesta colaboración entre dichas formaciones.
     Eso sí, nada está perdido si el PSdeG es capaz de armar un buen discurso de izquierda y elaborar un programa electoral que sea capaz de captar la confianza de los ciudadanos. Seguramente, sea el campo del lenguaje, donde el PP es histórico experto, el que tenga que trabajar de aquí a las próximas elecciones. Aprovechemos la cercanía para explicar nuestro discurso. Si conseguimos que la gente entienda el contenido de nuestros argumentos estaremos en condiciones de luchar por el cambio.

El rompecabezas territorial

     La crisis económica no sólo ha obligado a vivir de forma distinta, mudando hábitos propios de la aristocracia circense, sino que ha implantado una nueva realidad social. Primero, fueron bancos y cajas y ahora parece que serán los municipios los que deberán fusionarse con el fin de ahorrar costes administrativos y, en teoría, ofrecer mejores servicios. Pero, ¿son realmente necesarias las fusiones? ¿Cuáles son sus pros y sus contras? ¿Obedecen a cuestiones administrativas o quizás a intereses políticos?
     La pasada semana los alcaldes de Oza dos Ríos y Cesuras escenificaban la primera fusión administrativa, cuarenta y cuatro años después de la unión entre los municipios de Celanova y Acebedo. Por aquel entonces, la fusión fue necesaria porque no tenían medios económicos. Además, todos los vecinos estaban de acuerdo: no querían pagar tantos impuestos y pensaban que siendo de Celanova no sería así. Se equivocaron.
     Pero en el caso de los municipios coruñeses parece más una imposición política que un resultado fruto de la voluntad vecinal y la necesidad. Es cierto que la fusión ahorra muchos costes administrativos, pero presentará otro tipo de dificultades y es que muchos vecinos se muestran reacios a renunciar a su identidad y a ser receptores de una atención de segunda categoría.
     Está claro que hay que revisar el mapa de nuestro territorio con el fin de ser más competitivos, pero esa revisión no puede ser espontánea: debe ser profundizada, pues no todas las piezas encajan en ese complejo puzzle territorial y algunas de ellas se resisten a acoplarse porque, de entrar, saltarían seriamente dañadas.
     No es un problema exclusivo de nuestra comunidad, sino de toda España y es que sólo la provincia de Burgos tiene más ayuntamientos que toda Galicia. Pero no se resolverá mediante amiguismos esporádicos, sino que se tendría que llevar a cabo a través de una ley estatal, desarrollada en base a criterios racionales que delimitasen dicho proceso.
     Tal vez, así llegaremos a lo que otros países vecinos han hecho ya hace años cuando la Unión Europea fijó el mínimo de habitantes que debería tener un municipio en cinco mil. Por ahora, en España sólo el 13% ha llegado a esa cifra. Como casi siempre, haciendo los deberes tarde, con la soga al cuello y sacando no muy buenos resultados.

Esclavos de la patronal

     El Real Decreto Ley 3/2012 aprobado por el Gobierno del Partido Popular se configura como uno de los mayores ataques de la historia democrática de España a los derechos de los trabajadores. Todas aquellas personas que, agitadas, berreaban que populares y socialistas eran fruto de la misma indigestión podrán comprobar que su pensamiento erraba de forma descabelladamente fraudulenta. Es más, esos devotos conversos que llegaron a adquirir su kit de defensa para la clase media verán que han sido burlados y que su interior no contenía más que traición.
     No sólo se trata de una reforma que abaratará el despido y que no creará empleo a corto plazo, sino que, además, a largo plazo implicará la consolidación de la precariedad laboral en relación a los derechos de los trabajadores. Además, el Partido Popular sigue las directrices de la más férrea patronal y la impone aupado en su mayoría absoluta evitando la negociación con los sindicatos y haciendo un claro desprecio al diálogo social (art. 7 CE). Para colmo de males, rezuma claros trazos de inconstitucionalidad y es que rompe el equilibrio entre las partes, supone la modificación de las condiciones de los trabajadores y atenta contra el principio de igualdad (art. 14 CE), entre otros. Para desmenuzar esta extensa reforma nos centraremos en los cambios dentro de las principales acciones del mundo laboral: búsqueda de empleo, contrato y, por último, despido.
     En relación con la búsqueda de trabajo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sufre un feroz ataque quedándose sin medios técnicos y prácticamente sin personal. Las empresas de trabajo temporal pasan a actuar como agencias de colocación, atribuyéndose una serie de competencias que no tenían hasta ahora y estableciendo ciertos requisitos de obligatoriedad que de no cumplir serán sancionados. Asimismo se establece la posibilidad de que las Administraciones Públicas contraten a través de empresas de trabajo temporal, saltándose los principios de mérito y capacidad exigidos para desempeñar la función pública. Las listas de contratación desaparecen y el silencio negativo será considerado ahora como positivo.
     Si usted, lector ávido, se centra en los contratos también observará sustanciales modificaciones. El contrato de formación se amplia hasta los 30 años, así se mantendrá hasta que la tasa de paro baje al 15%, entonces la edad se reducirá a los 25 años. Así, el trabajador podrá formarse en la empresa según el modelo alemán. También se crea un contrato indefinido dirigido a emprendedoras en aquellas empresas con menos de 50 trabajadores. Las pequeñas empresas obtendrán una deducción de 3000 euros por trabajador menor de 30 años contratado (lo que daría lugar a la pillería). Aunque este contrato nace con vocación de permanencia, ha de pasar un período de prueba de 1 año en el que el empresario es libre para rescindir el contrato. Lo más curioso es que la maternidad o la incapacidad temporal interrumpen el período de prueba. Se modifica el contrato estable a tiempo parcial, pudiendo realizarse horas extraordinarias, con el fin de fomentar la conciliación familiar, regulándose por primera vez el teletrabajo. La clave teórica es la flexibilidad en la distribución de horas de trabajo ya que puede distribuir a su elección las horas extraordinarias y las complementarias, estas últimas sólo en los contratos indefinidos.
     Se reconoce el derecho de todos los trabajadores a 20 horas de formación pagada por el empresario y se crea una cuenta de formación. Además, el Gobierno recupera, a partir del 1 de enero de 2013, el límite de dos años para el encadenamiento de contratos temporales.
     Pero no sólo le permite al empresario cambiar jornadas, turnos, funciones y hasta rebajar salarios, la nueva reforma laboral también elimina la autorización laboral de los despidos colectivos, así el ERE ya no necesita ser aprobado antes por la consejería de empleo de la comunidad autónoma o del Ministerio de Empleo: ahora sólo será necesaria la autorización judicial a posteriori. Se facilita por primera vez el despido colectivo en las Administraciones Públicas y en todas las empresas. Del mismo modo, el convenio de empresa prevalecerá sobre cualquier otro convenio, así todas las condiciones laborales se convierten en renegociables y es más fácil que se produzca el descuelgue, dejando en segundo plano a los sindicatos. Además, las prejubilaciones serán más caras para disuadir a las compañías de realizar este tipo de despidos colectivos.
     Así es como el Partido Popular ha puesto en práctica la homilía de la patronal, así es como nosotros, los trabajadores, nos hemos convertido en sus esclavos.

Abanderados

     Hemos permitido que la vela se consumiese ahogada en candente cera, mientras la oscuridad empezaba a reinar donde antes brillaban nuestros ideales, ahora calcinados. Hemos relajado nuestros músculos, dejando que otros ocupasen nuestro sitio. Perdido el relevo, son ahora otros los que impulsan el cambio y la contestación social.
     El vacío dejado por los partidos políticos y el aumento gradual de la problemática social, unida a un profundo sentimiento de injusticia, ha derivado en las identidades colectivas politizadas que hoy mueven nuestras calles. Esta identidad aderezada con el sentimiento de ira, provocado por la pasividad de nuestros dirigentes, y el vislumbramiento de cierta eficacia ha dado lugar a una particular acción política. Para estos grupos lo contrario de la emoción no es la razón, sino la indiferencia. La mayoría son desempleados oprimidos por la difícil situación económica y otros son víctimas de los salvajes recortes educativos y sanitarios que han derivado en el malestar de ambos sectores.
     Uno de los movimientos sociales que ha tenido más éxito ha sido el 15-M, guardando significativas diferencias con otro tipo de protestas. Así, el 13% de los asistentes se enteraron a través de medios tradicionales, mientras que en otros movimientos de protesta ese porcentaje se incrementa hasta el 50%. También, un 49% lo hizo a través de las redes sociales, cuando esta cifra suele ser del 10%. Una tercera parte lo hizo a través de amigos, frente al habitual 17 y 18%. Lo más curioso, sin duda, es que sólo el 4% eran miembros de la organización, cuando habitualmente ese porcentaje suele rondar el 60%.
     A su vez el 15-M cuenta con más horas de protesta a su espalda, con más porcentaje de hombres, con un mayor nivel educativo y con una mayor tasa de desempleo entre sus participantes. En relación a la satisfacción democrática, presenta un bajo nivel y una mayor cantidad de cinismo político. Si tenemos en cuenta la eficacia, sus manifestantes se muestran poco esperanzados en que sus acciones deriven en cambio. Pero lo curioso de este movimiento, a parte de los datos, es que fue capaz de atraer a personas que hasta ese momento habían estado completamente desligadas de la reivindicación social.
     La variación de estos datos debería dar que pensar a los partidos políticos de izquierda sobre su reciente actividad. Han de ser los mismos los que tomen las calles y plazas para liderar las reivindicaciones y no hacer lo conocido: llegar tarde, mal y a rastro, enredados en su propio ombligo, a la espera de que se constituyan organizaciones en defensa de unos derechos sectoriales antes desprotegidos para situarse detrás de su pancarta. Recuerden que democracia no sólo es votar, sino que también es sociedad civil y si no abanderan las reivindicaciones de esa sociedad indefensa habrán perdido por completo su confianza. Abanderen el cambio.