El rompecabezas territorial

     La crisis económica no sólo ha obligado a vivir de forma distinta, mudando hábitos propios de la aristocracia circense, sino que ha implantado una nueva realidad social. Primero, fueron bancos y cajas y ahora parece que serán los municipios los que deberán fusionarse con el fin de ahorrar costes administrativos y, en teoría, ofrecer mejores servicios. Pero, ¿son realmente necesarias las fusiones? ¿Cuáles son sus pros y sus contras? ¿Obedecen a cuestiones administrativas o quizás a intereses políticos?

     La pasada semana los alcaldes de Oza dos Ríos y Cesuras escenificaban la primera fusión administrativa, cuarenta y cuatro años después de la unión entre los municipios de Celanova y Acebedo. Por aquel entonces, la fusión fue necesaria porque no tenían medios económicos. Además, todos los vecinos estaban de acuerdo: no querían pagar tantos impuestos y pensaban que siendo de Celanova no sería así. Se equivocaron.

     Pero en el caso de los municipios coruñeses parece más una imposición política que un resultado fruto de la voluntad vecinal y la necesidad. Es cierto que la fusión ahorra muchos costes administrativos, pero presentará otro tipo de dificultades y es que muchos vecinos se muestran reacios a renunciar a su identidad y a ser receptores de una atención de segunda categoría.

     Está claro que hay que revisar el mapa de nuestro territorio con el fin de ser más competitivos, pero esa revisión no puede ser espontánea: debe ser profundizada, pues no todas las piezas encajan en ese complejo puzzle territorial y algunas de ellas se resisten a acoplarse porque, de entrar, saltarían seriamente dañadas.

     No es un problema exclusivo de nuestra comunidad, sino de toda España y es que sólo la provincia de Burgos tiene más ayuntamientos que toda Galicia. Pero no se resolverá mediante amiguismos esporádicos, sino que se tendría que llevar a cabo a través de una ley estatal, desarrollada en base a criterios racionales que delimitasen dicho proceso.

     Tal vez, así llegaremos a lo que otros países vecinos han hecho ya hace años cuando la Unión Europea fijó el mínimo de habitantes que debería tener un municipio en cinco mil. Por ahora, en España sólo el 13% ha llegado a esa cifra. Como casi siempre, haciendo los deberes tarde, con la soga al cuello y sacando no muy buenos resultados.